Santo Domingo.– El secretario de Justicia de la Fuerza del Pueblo, Hotoniel Bonilla, manifestó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano debería ser aplazada para permitir una revisión más profunda de varios de sus contenidos, al considerar que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y garantías fundamentales.
El jurista sostuvo que determinadas figuras penales incorporadas en la Ley núm. 74-25 podrían generar efectos adversos sobre el ejercicio de la crítica pública y la denuncia de actuaciones de funcionarios del Estado. Según explicó, existe preocupación de que algunas normas puedan ser utilizadas para promover acciones judiciales que limiten el debate democrático y afecten derechos protegidos por la Constitución.
Bonilla planteó la necesidad de que expertos, académicos, representantes del sistema de justicia y organizaciones de la sociedad civil realicen un análisis integral de la legislación antes de su entrada en vigor, prevista para el 3 de agosto de 2026. A su juicio, ese proceso permitiría identificar posibles contradicciones con el orden constitucional y fortalecer la seguridad jurídica del país.
El dirigente político destacó que entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también han solicitado extender el período de vacatio legis de la normativa. En ese contexto, afirmó que las observaciones formuladas por distintos sectores reflejan inquietudes legítimas sobre el impacto que algunas disposiciones podrían tener en las libertades públicas, la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado de derecho en República Dominicana.
